Académicos y expertos ONU condenan en foro virtual las sanciones contra Venezuela

por | 10 junio, 2021

En nombre del Gobierno Bolivariano de Venezuela, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, inició este miércoles la videoconferencia académica «Medidas Coercitivas Unilaterales: Irrespeto del Derecho Internacional y graves consecuencias humanas», que Venezuela organiza durante dos días junto a la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de Ginebra.

El Canciller explicó que como país civilizado, Venezuela respeta la Carta de las Naciones Unidas, que establece cuándo y cómo se aplican medidas coercitivas a un Estado miembro, que «jamás son unilaterales» y que tienen un procedimiento, una evaluación, «no un antojo político ni ideológico de un gobierno de un país determinado».

Indicó que en febrero de este año, la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, visitó el país y luego de su evaluación, en su informe reflejó las consecuencias devastadoras en la salud, educación, producción y otras áreas sensibles de la población venezolana.

Asimismo, reiteró que el asesor de la Administración Obama, Richard Nephew, en su libro «El arte de las sanciones», reconoce que el objetivo de las medidas coercitivas es generar dolor para crear condiciones favorables a un cambio de régimen. Acotó que esta obra fue incorporada a la remisión que Venezuela interpuso ante la Corte Penal Internacional contra funcionarios del Gobierno de Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad.

En sus palabras de inauguración de la videoconferencia internacional, el ministro Arreaza recalcó que el carácter ilegal de las medidas coercitivas unilaterales, disfrazadas como sanciones por EEUU, está claramente establecido por la propia Asamblea General de la ONU en distintos debates y resoluciones, al igual que por su Consejo de Derechos Humanos; sin embargo, los países con arrogancia e ínfulas de dominación siguen aplicándolas sin consideraciones, incluso durante la pandemia de la COVID-19.

Añadió que el año pasado, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet y relatores especiales levantaron su voz para que, por lo menos, flexibilizaran las sanciones en el marco de la pandemia y fueron desatendidas estas exigencias multilaterales.

El Canciller precisó que, producto de las medidas coercitivas unilaterales, Venezuela tiene 6.000 millones de dólares bloqueados en el exterior, además de la confiscación de la empresa Citgo, con sus refinerías y red de estaciones de servicio en EEUU, entre otros activos de la República en el extranjero. Puntualizó que la producción petrolera ha disminuido en 99%, lo que a decir de los expertos solo es comparable con un país sometido a una guerra convencional.

 

Relatora ONU recomienda base de datos de académicos que investiguen repercusiones legales de sanciones

La relatora especial de Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, exhortó este miércoles a los catedráticos a evaluar qué áreas del Derecho Internacional son afectadas por estas medidas y considerar, desde el punto de vista académico, que hay sanciones primarias, sanciones individuales y además hay expansión de las sanciones por cooperar con alguien sancionado. Durante su ponencia, la también catedrática de la universidad estatal bielorrusa lamentó que existen pocos trabajos académicos sobre la materia, por lo que invitó a fortalecer esta área de conocimiento.

Indicó que en reuniones académicas, en el contexto de su mandato en la mencionada relatoría especial, recomienda establecer una red mundial de académicos, con representantes de distintas tradiciones legales y escuelas de derecho internacional, para que elaboren evaluaciones en materia de medidas coercitivas. Asimismo, agregó que una segunda recomendación consiste en crear una base de datos de académicos para fortalecer la investigación sobre el tema.

La Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, asentado en Ginebra (Suiza), alertó que pese a su llamado a suspender las medidas coercitivas unilaterales, compartido por ONG y el propio secretario general António Guterres, éstas siguen aplicándose y se expanden cada día. La catedrática explicó que existe una gran diversificación de medidas coercitivas unilaterales, lo que hace complejo su estudio.

En su exposición, Douhan analizó las áreas del derecho internacional que a su criterio son los más afectados por la aplicación de medidas coercitivas, como la Ley de Seguridad Internacional, lucha contra el terrorismo internacional, razones de emergencia como las que argumenta el gobierno de Estados Unidos, Derecho Económico Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y Ley Penal Internacional.

En el caso de la seguridad internacional, comentó que muchos académicos se refieren a estas sanciones económicas como algo que es preferible al uso de la fuerza y que la seguridad no tiene nada que ver con la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, «lo que no es cierto», agregando que en la discusión sobre el tema del Consejo de Seguridad de la ONU, los países mostraron posiciones muy distintas, lo que denota que es un tema en el que la academia debe profundizar.

Sobre la Ley Penal Internacional, Douhan apuntó que espera la decisión de la Corte Penal Internacional sobre la remisión introducida por Venezuela, porque puede ser el comienzo de bases válidas para iniciar acciones en contra de las medidas coercitivas unilaterales.

En la conclusión de su ponencia, la representante de la ONU consideró que todas las áreas de Derecho Internacional se ven afectadas por la aplicación de sanciones unilaterales y que ello debe ser evaluado no solo desde el punto de vista de los derechos humanos, sino en todas las áreas de la legislación internacional, por lo que insistió en su llamado a que los académicos hagan investigaciones en este ámbito.

 

Carmelo Borrego: “Sanciones son extorsivas y configuran ilícitos internacionales”

Durante su participación en la conferencia internacional, el profesor de Derecho Procesal de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Carmelo Borrego, aseguró que las medidas coercitivas unilaterales utilizadas por el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados, son medidas extorsivas porque no están autorizadas por el Derecho Internacional “y son antijurídicas en esencia”.

Basado en datos sobre el comportamiento de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas a Venezuela, el catedrático venezolano resaltó que las mismas “han mostrado una tendencia creciente a su uso intensivo” y “son conductas cometidas por Estados poderosos, y peor aún por organizaciones internacionales, para imponer a otro Estado un determinado modo de actuar”.

Reiteró que se trata de medidas extorsivas y son, además, ilícitos internacionales que pueden configurarse como acciones delictivas. “Todo hecho internacionalmente antijurídico del Estado genera responsabilidad internacional. Por lo tanto, medida extorsiva es un hecho ilícito” y se traduce en la “transgresión de una norma internacional; es igual a un efecto dañoso y sancionable”, manifestó.

“El detalle es que los actos ilícitos de los Estados no encuentran un asidero interpretativo en la descripción de las normas internacionales, lo que dificulta develar la identidad entre el acontecimiento ilícito y el daño efectivo a las normas denominadas imperativas”, explicó el profesor de la UCV.

 

Experto ONU: “No hay justificación alguna para la imposición de las sanciones” contra Venezuela

Las medidas coercitivas unilaterales, además de constituir una violación flagrante de los principios fundamentales del derecho internacional, imposibilitan la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, advirtió este miércoles Alfred de Zayas, ex experto independiente para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.

En su magistral disertación, el académico denunció que estas medidas constituyen una poderosa arma política que Estados hegemónicos imponen a Estados menos fuertes, aunque carezcan de base legal.

“Es evidente que no existe justificación alguna para la imposición de las medidas coercitivas unilaterales; la propaganda oficial de los Estados Unidos” y la narrativa mediática “constituyen un insulto a nuestra inteligencia, una burla a nuestra calidad de ciudadanos cuando los abogados del Departamento de Estado tratan de vender las sanciones como ‘medidas legales’”, manifestó.

El experto en derecho internacional recalcó que el propósito de las denominadas “sanciones” es generar efectos extraterritoriales, atacando no solo el derecho a la vida, sino también el derecho soberano de los Estados de determinar sus sistemas de gobierno y economía.

“Las sanciones no son inocentes, y no se adoptan para efectos internos en los Estados Unidos, el propósito de las sanciones es, precisamente, generar efectos extraterritoriales, atacando el derecho a la vida de los cubanos, venezolanos, sirios, etc.; [atacando] el derecho soberano de determinar sus sistemas de gobierno y a tener relaciones económicas, financieras con otros Estados soberanos”, amplió.

El académico subrayó, además, que “el hecho de que los Estados Unidos y otros Estados practiquen tales medidas con impunidad no crea ningún nuevo derecho que las legitime.

En su disertación, el especialista explicó que en la actualidad no existe un mecanismo efectivo para reprimir esta práctica ilegal, por cuanto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no logra adoptar resoluciones a ese respecto, en razón del veto de aquellos Estados que imponen las sanciones. Por tanto, urgió a establecer un órgano judicial competente que no dependa del principal órgano de las Naciones Unidas.

“Las sanciones son impuestas por un pequeño número de Estados poderosos que cuentan con la impunidad; es fácil constatar que la gran mayoría de los Estados miembros de la ONU rechazan las sanciones unilaterales, como lo prueban numerosas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos”, agregó.

El experto planteó, a la luz del concepto de hecho internacionalmente ilícito, la obligación de los Estados Unidos y otros Estados de reparar el daño causado con la imposición de sus ilegales medidas en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Siria.