Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela seguramente contribuyeron a empeorar el deterioro de la economía del país sudamericano y generaron obstáculos para los trabajadores humanitarios, señaló el lunes un informe de un organismo de control del gobierno estadounidense.
A este propósito, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, sostuvo este martes que las propias instituciones de Estados Unidos (EE.UU.), entre ellas la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), reconocen el carácter criminal de las “sanciones” impuestas por el Gobierno de ese país contra Venezuela.
A través de su cuenta en la red social Twitter @jaarreaza el Canciller citó una publicación del portal France 24, titulado: Informe gubernamental de EEUU dice que sanciones dañan economía de Venezuela, el cual destaca que las medidas coercitivas “contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía venezolana” y limitaron el ingreso petrolero.
El informe del organismo de control del gobierno estadounidense, sostuvo que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela seguramente contribuyeron a empeorar el deterioro de la economía del país sudamericano y generaron obstáculos para los trabajadores humanitarios.
La GAO indicó que la economía venezolana se ha contraído “constantemente” durante casi una década, pero ha caído “abruptamente” desde el inicio de las medidas punitivas de Washington en 2015, en especial a partir de 2019, reseñó el citado medio. “Las sanciones, particularmente a la compañía petrolera estatal en 2019, probablemente contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo”, señaló.
En otra interacción, el diplomático venezolano califica como “herramientas primitivas”, las sanciones. Aclara que “Las únicas sanciones que el Derecho Internacional contempla, son las adoptadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU)”. Agrega que “el resto son CONTRARIAS al Derecho, incluyendo, evidentemente, las que impone la UE”.
El Gobierno de EEUU cumplió con el propósito de causar un «impacto dañino» en Venezuela con sus sanciones, aseguró por su parte el viceministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Carlos Ron, tras la publicación del informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental del país norteamericano.
«Estados Unidos reconoce el impacto dañino de sus sanciones, pero esto no es una garantía sino su principal propósito, que es causar angustia a la población venezolana para forzar un cambio de Gobierno. ¡Es un crimen contra la humanidad y debe terminar ahora!», manifestó Ron en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
La evaluación de la GAO, solicitada por legisladores demócratas, se conoce cuando el presidente Joe Biden parece listo a ajustar la política hacia Venezuela, aunque preservando en gran medida la estrategia de su antecesor Donald Trump, infructuosa hasta ahora, para forzar la salida del legitimo Presidente del país, Nicolás Maduro.
Según el reporte de la GAO, Estados Unidos ha buscado «mitigar» las consecuencias negativas de las sanciones, pero las agencias del gobierno han reportado «desafíos» para hacer llegar la ayuda humanitaria, como el cierre de cuentas o el rechazo de transacciones financieras.
«Este informe deja en claro que las sanciones impuestas por Estados Unidos empeoraron la situación» en Venezuela, dijo el congresista Andy Levin, uno de los legisladores que solicitó el informe a la GAO, instando a un enfoque «más humano y eficaz» del gobierno de Biden.
La Unión Europea debate aún nuevas sanciones contra el país sudamericano, luego de que impusiera las más recientes en 2020.
Según la relatora especial de la ONU Alena Douhan, las medidas coercitivas contra Venezuela han tenido gran impacto en los derechos humanos de los ciudadanos de ese país. Douhan visitará en febrero Venezuela para reunirse con la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien dijo que el gobierno de Nicolás Maduro presentará un «conjunto de datos oficiales acerca del impacto social y económico” provocado por las medidas, «contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas impuestas por gobiernos extranjeros”.
Alena Douhan recordó que el gobierno de Venezuela llevó a la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia por delitos de lesa humanidad por la «violación sistemática y masiva de los DD.HH., producto del bloqueo criminal profundizado bajo escalas crueles y salvajes por parte del Gobierno saliente de los EE. UU. que presidía Donald Trump».