BARCELONA – Este jueves, la Casa de la Solidaridad de Barcelona fue nuevamente escenario de una actividad en apoyo al pueblo de Venezuela y a la Revolución Bolivariana, con la proyección del documental “Tiempos de lucha – Acciones de una Comuna” en ocasión de la Jornada Mundial de Solidaridad con el país caribeño contra las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump, al cumplirse los 31 años de la rebelión popular conocida como Caracazo.
El evento contó con la presencia del Cónsul General de Venezuela en Barcelona, Ricardo Capella, y de los cónsules Carlos Figueira y Antonio Martinez, además de miembros de la “Plataforma Catalana de Solidaridad con Venezuela” y de la plataforma “Latinoamérica Unida Bcn”, de la “Asamblea Bolivariana de Cataluña”, de la “Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad” y diferentes movimientos sociales, políticos e internacionalistas. Los cineastas Jesús Reyes y Victor Hugo Rivera, directores de “Tiempos de lucha – Acciones de una Comuna” intervinieron desde Venezuela, en compañía de un grupo de voceros y voceras de la “Comuna Socialista Altos de Lídice” en el oeste de Caracas, al centro del documental.
“Tiempos de lucha – Acciones de una Comuna” cuenta la historia y la actividad cotidiana de la comuna socialista caraqueña (una de las 1700 constituidas en el país) cuyo protagonista es colectivo y femenino, como en muchos otros espacios de la Revolución. Sus miembros se organizan para atender las necesidades de la comunidad y conseguir su bienestar social a través de diferentes labores que van de la salud a la recreación. Lo que se logra es el autogobierno comunal, el empoderamiento y la soberanía popular: eje de la Revolución y desafío estratégico de la transición socialista.
“Es importante difundir lo que el pueblo venezolano está haciendo en la práctica, como ejemplo y aprendizaje cotidiano” dijeron los comuneros, subrayando como la «Comuna Socialista Altos de Lidice», formada por más de mil familias, nació solo en 2018: un momento difícil para todo el país. Justamente por eso, explicaron, hoy trabajan para atender a la comunidad en el tema de los servicios, de la salud y de la alimentación, en el fragor de la lucha revolucionaria y en un acto de resistencia contra las medidas coercitivas de Donald Trump.
“Gracias al documental mucha gente se dio cuenta de que el pueblo real de Venezuela no es el que presentan los medios de comunicación hegemonicos sino el que está buscando, en medio de las dificultades, soluciones. El que está creando, inventando. Ya no es un ancla para el Estado sino una vela, lo hace avanzar” dijo el Cónsul Martínez.
La actividad que tuvo lugar en Barcelona se enmarcó en la Jornada Mundial de Solidaridad con Venezuela organizada por movimientos sociales internacionales a los 31 años del Caracazo, la rebelión popular contra las políticas económicas neoliberales que se venían aplicando en el país y que fue reprimida a sangre y fuego por el gobierno del entonces Presidente Carlos Andrés Pérez. Una fecha que se recuerda en la actualidad, cuando todo el pueblo de Venezuela resiste a los embates de las sanciones ilegales de Estados Unidos.
“A los 31 años del Caracazo celebramos la vida que nació de todas esas muertes – afirmó la psicóloga social venezolana Rebeca Gregson, miembro del colectivo Voces Latentes y co-autora del libro “Cómo analizar el poder” -. El Caracazo fue el despertar de un pueblo que hoy es fuerza política viva: hombres y mujeres, manos y corazones, que están echando adelante esta Revolución mientras las grandes potencias tratan de pisotear el proyecto comunal. Allí es donde emerge la vida como proyecto político, como proyecto de país. El país que quería el Comandante Chávez».
El pasado 13 de febrero, el Gobierno de Venezuela interpuso ante la Corte Penal Internacional de La Haya una denuncia contra las autoridades de EE.UU. por “crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano”, debido a la imposición de dichas medidas coercitivas unilaterales.
“Obstaculizar el acceso a los alimentos, a las medicinas, como arma para la coerción política (…) es una acción a todas luces criminal. Las medidas coercitivas unilaterales equivalen en la práctica a armas de destrucción masiva”, dijo el canciller Jorge Arreaza en Ginebra.
