Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, respectivamente Fiscal General y Defensor del Pueblo de Venezuela, ofrecieron este lunes detalles sobre el encuentro que sostuvieron el pasado 4 de noviembre con la Fiscal de la Corte penal internacional en La Haya, Fatou Bensouda, luego que el Estado venezolano solicitara el encuentro para fortalecer los lazos con este organismo.
Bensouda, recibió formalmente a los funcionarios venezolanos quienes aportaron detalles de los avances del sistema de justicia de Venezuela para sancionar violaciones a los derechos humanos y ratificaron el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones para investigar, imputar, acusar y condenar a los responsables de dichas acciones, tal como efectivamente lo ha venido haciendo el Ministerio Público y los Tribunales competentes en el país.
La delegación venezolana aprovechó para invitar la Fiscal a Venezuela, para que pueda conocer de primera mano cómo se realizan las investigaciones en el país.
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La CPI maneja 2 expedientes sobre Venezuela. Todavía no se ha abierto ninguna investigación y ambas cuestiones permanecen en una tapa preliminar, donde procede la colaboración entre las oficinas de ambas fiscalías para aportar información suficiente sobre la actuación de la justicia venezolana.
A propósito de Venezuela I, se investigan tanto acciones de las fuerzas de seguridad que hayan resultado en violaciones a los derechos humanos, como de actores privados que causaron lesiones y muerte a funcionarios del Estado”, explicó Saab. Delitos cometidos desde al menos abril de 2017, en el contexto de acciones de violencia política que dejó más de 100 muertos, más de 1.000 heridos y millonarios daños, de acuerdo a cifras oficiales.
Venezuela II se refiere a crímenes de lesa humanidad como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, aplicadas por Estados Unidos al menos desde el año 2014, y que le han impedido al Estado venezolano la compra alimentos y medicamentos.
El fiscal Saab afirmó que desde el año 2017 al 2019, Venezuela ha sufrido una pérdida económica de 194 mil millones de dólares producto de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) en contra del pueblo, por lo que a su juicio las acciones imperiales constituyen un crimen de lesa humanidad. El Defensor del Pueblo indicó que la Defensoría venezolana «está de puertas abiertas para atender a quienes no han podido continuar con sus tratamientos médicos».
El Defensor del Pueblo dijo que se expuso ante la CPI la situación con el gobierno de España, “que aún no extradita al presunto responsable de la quema de Orlando Figuera ni tampoco lo ha juzgado en su territorio”, detalló. Figuera fue golpeado, apuñalado y quemado vivo en plena calle por un grupo de opositores encapuchados durante las protestas antigubernamentales del año 2017 conocidas como ‘guarimbas’. Falleció por un paro cardiopulmonar casi dos semanas después de ser incinerado.
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La delegación venezolana destacó que Venezuela siempre ha manifestado su reconocimiento y apoyo a la Corte Penal Internacional y ha hecho aportes para su evolución en beneficio de la justicia internacional. Un comportamiento que contrasta con la actitud de potencias como los Estados Unidos, que se ha negado a someterse a su jurisdicción y sancionó (el pasado 2 de septiembre) a la Fiscal Bensouda y otro alto funcionario de la Corte, por investigar si las fuerzas militares de Estados Unidos han cometido crímenes de guerra en Afganistán”. También amenazó con sancionar a cualquiera que dé apoyo material a los funcionarios de la Corte, basandose en una Orden Ejecutiva emitida el 11 de junio por el ex Pdte Donald Trump.
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Saab explicó que la Corte Penal Internacional no sustituye a la legislación penal de Venezuela, ya que esta tiene un carácter complementario al limitarse a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional.
“La Corte solo tiene competencia, de conformidad con el Estatuto de Roma, respecto de: el crimen de genocidio; los crímenes de lesa humanidad; los crímenes de guerra; y el crimen de agresión. Como explica el Estatuto de Roma en su artículo 1, la CPI tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales, es decir, que actúa solo cuando la jurisdicción nacional de un país no ha querido investigar crímenes que están bajo su competencia o no han podido hacerlo por determinadas circunstancias, para que un caso pase a la Corte, debe superar el proceso de revisión preliminar en el que se verificará que los delitos estudiados son de competencia de la Corte, y luego debe verificarse su admisibilidad, es decir, si existen elementos para que el caso sea admitido para iniciar una investigación”, sostuvo.
El Fiscal General de la República, aseguró que en el caso de que la Fiscal llegara a concluir que en Venezuela han ocurrido delitos que se pueden enmarcar dentro de su competencia, el Estado está preparado para demostrar fehacientemente que los hechos de violencia y las violaciones a los DDHH se han investigado y en la medida que los responsables han podido ser individualizados, estos han sido sancionados con todo el peso de la Ley.
“No se puede tipificar que en Venezuela existen crímenes de lesa humanidad porque no han ocurrido ataques contra grupos de civiles en específico. Si ocurriesen serían sancionados por todo el peso de la Ley”, enfatizó
