El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil publicó este jueves en su cuenta de red Twitter un comunicado oficial en rechazo a la extensión del decreto Obama, el cual cataloga a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos de América.
En este sentido, parte del comunicado refiere que el Gobierno Bolivariano condena la afirmación infundada de que Venezuela representa algún tipo de amenaza contra la nación estadounidense, “aún más cuando es evidente que ha sido Venezuela el país que ha tenido que enfrentar una multiplicidad de amenazas, chantajes, agresiones y ataques que vulneran los Derechos Humanos de todo el pueblo venezolano”.
A continuación el texto íntegro del comunicado:
“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza contundentemente la más reciente extensión de la Orden Ejecutiva 13962 del 8 de marzo de 2015 por parte del Presidente de los Estados Unidos de América, dando así continuidad a la criminal política de agresión en contra del pueblo venezolano mediante la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales.
El Gobierno Bolivariano, además, condena la afirmación infundada de que Venezuela representa algún tipo de amenaza contra la nación estadounidense, aún más cuando es evidente que ha sido Venezuela el país que ha tenido que enfrentar una multiplicidad de amenazas, chantajes, agresiones y ataques que vulneran los derechos humanos de todo el pueblo venezolano, atropellan las normas establecidas en el derecho público internacional y constituyen un crimen de lesa humanidad.
Con esta prorrogación de la política errática de la Casa Blanca, un gobierno que se jacta de defender los derechos humanos y los principios de la democracia, no hace sino revelar una vez más su carácter autoritario, cruel y mentiroso, su irrespeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, y su condición esencialmente colonialista que pretende, a través de todo tipo de presiones, someter por la fuerza al pueblo libre de Venezuela.
El Gobierno de Venezuela conduce sus relaciones internacionales bajo los principios de la solidaridad entre los pueblos y de la diplomacia de paz. Jamás podría ser calificada de amenaza, antes bien, sus muestras de compromiso con la estabilidad regional, con la resolución pacífica de los conflictos y con las relaciones de cooperación y complementariedad, han quedado registradas en la memoria de los pueblos.
La soberanía de Venezuela es inquebrantable. Ninguna agresión, por grande que sea, doblegará la voluntad democrática de su pueblo. Su gobierno constitucional, legítimo y revolucionario, espera que Estados Unidos desista de una vez por todas de esta absurda política llena de soberbia y condenada al fracaso, optando por una política civilizada donde imperen los principios de la diplomacia y el respeto mutuo.
Caracas, 02 de marzo de 2023″
El Observatorio Venezolano Antibloqueo actualizó la cifra de las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano, por parte de Estados Unidos (EE. UU.), lo que contabiliza, hasta la fecha, 929 sanciones tras la renovación del Decreto Obama (OE 13692 / marzo 2015). Así lo indicó el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, en su cuenta Twitter, donde señala que “la renovación de una sanción, extiende en el tiempo los efectos del bloqueo”.
De acuerdo con el Observatorio, el problema generado por las medidas, se agudiza porque todos los sectores de la vida productiva y económica de la nación están estrechamente ligados a los recursos públicos, y 477 medidas coercitivas unilaterales, que representan el 51,5 % de las sanciones, están dirigidas contra el Estado y el Gobierno, afectando el ingreso y la necesaria inversión productiva.
Como un alto porcentaje de los recursos que llegan al país lo hacen vía exportación petrolera, 103 medidas, equivalentes al 11,1 % de las sanciones contra el país, van dirigidas directamente a afectar a la industria petrolera.
Sobre el sector de las finanzas públicas, pesa el 6,1 % de las medidas coercitivas unilaterales, lo que bloquea, inmoviliza y restringe el acceso a los recursos económicos del Estado.
Las 163 medidas contra empresas privadas, 17,6 % de las sanciones, afectan a las vinculadas en sus operaciones con el Estado, lo que termina por dibujar un mapa de asfixia, que finaliza recayendo en la población general del país, a quienes realmente se dirigen estas medidas, que violan los derechos humanos, tal como lo reconocen las propias Naciones Unidas, señala el Observatorio.